Nonagenaria ciega y sorda gana juicio por dependencia denegada
Source: lavanguardia.com
TL;DR
- María Jesús, de 96 años, ciega y sorda, vive sola y le han denegado el grado II de dependencia por no poder desplazarse sin ayuda externa.
- Pasa 10 horas diarias sin asistencia, con alto riesgo de caídas y aislamiento total.
- La sentencia judicial obliga a la Generalitat a concederle el grado y una pensión vitalicia de 700 euros mensuales.
- Revela fallos graves en la Ley de Dependencia, dejando desatendidas a personas vulnerables.
The story at a glance
Una nonagenaria valenciana ciega y sorda lucha por un grado de dependencia que le fue negado injustamente. Se publica ahora tras una sentencia pionera que expone las grietas del sistema.
Key moments & milestones
- 2022: María Jesús solicita grado II de dependencia; se le concede solo el I pese a su ceguera total, sordera y fragilidad.
- Julio 2023: Recurre judicialmente contra la denegación de la Generalitat Valenciana.
- Febrero 2024: Juzgado de lo Social de Valencia falla a su favor, reconociendo el grado II y ordenando pago retroactivo.
- Actualidad: Espera ejecución de sentencia; caso llega al Tribunal Superior de Justicia.
Signature highlights
- Vive sola en un piso adaptado, pero depende de vecinos y servicios mínimos; 90% ciego y sordo profundo la aíslan completamente.
- La Administración argumentó que "puede desplazarse sin ayuda externa", ignorando su realidad: usa bastón y tiene múltiples caídas.
- Riesgo vital alto: duerme poco, no oye alarmas y come mal sin apoyo.
- Comparativa de grados:
| Grado | Autonomía requerida | Ayuda diaria |
|---|---|---|
| I | Baja-moderada | Intermitente |
| II | Moderada-severa | 10h+ |
| III | Total | 24h |
Key quotes
"No puedo ni ir al baño sola, ¿cómo voy a desplazarme sin ayuda?"
María Jesús, protagonista.
"La Administración miró para otro lado ante una evidencia palmaria."
Abogado de la familia.
Why it matters
Este caso destapa desigualdades en la Ley de Dependencia, donde valoraciones superficiales condenan a ancianos vulnerables al aislamiento. Obliga a replantear criterios y agilizar recursos en toda España. Vigile ejecuciones similares y posibles reformas legislativas en 2025.